Los hechos acaecidos recientemente en el municipio de Santa Cruz Barillas
Huehuetenango y las reacciones que estos provocaron a ambos lados del espectro
político nacional demuestran nuestra afición a teorías conspirativas. La
derecha liberal, con una visión miope que raya en la ceguera simplemente critica
la oposición de las comunidades a la planta hidroeléctrica, construye una teoría
conspiratoria estilo telenovela colombiana entre Narcotraficantes, ONGs
ecologistas, Estados Socialistas Europeos y la Política Exterior Venezolana (sin
explicar como los intereses de tan heterogéneos conspiradores confluyen para un
fin tan bizarro como hacer que una comunidad se oponga a un proyecto de
inversión) y culpa a esta conspiración de influenciar de forma maquiavélica a
las comunidades, asumiendo que estas pueden ser manipuladas de forma malévola
debido a su “ignorancia” y por ello se oponen al proyecto y a su propio progreso,
concluyendo que mientras la influencia de estos grupos que se empeñan en
mantener discursos anacrónicos heredados de la guerra fría continúe no podrá
haber desarrollo.
Se hacen largos análisis de como esta izquierda que no busca más que
subvenciones extranjeras ha encontrado un nicho para manipular a las
comunidades, sin embargo no se hace el intento de formular hipótesis que
esclarezcan el porque las comunidades se oponen a este tipo de proyectos desde
la perspectiva de la idiosincrasia, forma de vida y procesos económicos en
estas mismas comunidades, es interesante como en su análisis de los hechos, los
columnistas liberales (neo debería agregar al principio) pareciera traicionan
dos pilares de su propia filosofía, el primero que todos los seres humanos
somos adultos responsables y el segundo que los seres humanos suelen actuar
basados en sus propios intereses y bienestar.
La oposición de las comunidades a los mega proyectos (por conveniencia
subsumo la hidroeléctrica de Barillas en esta categoría aunque es un proyecto
modesto en términos de generación) no consiste en una obstinada oposición al
progreso, como el capitalino tomando su desayuno sentado cómodamente en un
restaurante de la zona 10 suele asumir, ni en que en que la izquierda de
nuestro país se niega a abandonar discursos heredados de la guerra fría (cuanto
más se niega la derecha con su adoración fetichista del libre mercado a
abandonar estos argumentos es otro debate). Por el contrario la oposición a
este tipo de proyectos puede explicarse y racionalizarse de forma bastante
simple si se toman en cuenta las externalidades que estos imponen a las
comunidades donde se desarrollan.
Estos proyectos generalmente involucran cambios traumáticos para las
comunidades ya que su forma de vida basada en mucho en agricultura de
subsistencia se vuelve imposible, los caudales de los ríos mudan o disminuyen,
sus tierras comunales pierden su configuración, en suma sus formas de
producción se ven alteradas. A esto hay que agregar que en el desarrollo de los
proyectos no se involucra a las comunidades en un plano de igualdad (especialmente
durante las fases de planeación, no digamos ejecución y mucho menos operación)
y cuando se piensa en las mismas se hace en términos de responsabilidad social
corporativa (relaciones públicas) tratando de reducir el “daño colateral” y no
bajo una perspectiva sociológicamente o económicamente seria tendiente a
reducir estas externalidades desde la propia idiosincrasia de las comunidades
(Que esto si sería llevar progreso).
¿Se tomó alguien el tiempo en su torre de marfil para cuantificar el
costo real causado por el proyecto para el individuo promedio en las
comunidades aledañas? Esto apuesto doble contra sencillo que no se hizo y nunca
se hace “¿al fin que sabe esa gente?” pues saben que mañana tienen que comer,
que tienen que alimentar a sus familias y que dependen de la tierra, para
lograr estos fines; les informó alguien el impacto ambiental del proyecto en su
idioma o se hizo algo para con la antelación que el caso ameritaba aclarar a
las comunidades que lo que se construía era una hidroeléctrica y no un proyecto
minero (el que ellos ya habían votado por mantener fuera, en ejercicio de sus
derechos comunitarios), otra vez la respuesta apuesto doble contra sencillo a que
es negativa.
Sí se quiere atacar la validez de las consultas populares, baste
recordar que incluso los condominios de lujo en la capital tienen autoridades
comunitarias que deciden donde se ubicaran las áreas comerciales y que tipo de
áreas comerciales pueden operarse en la comunidad y se vota para autorizar esos
usos, Creo que en el interior de la república las comunidades también tienen
estos mismos derechos ¿estoy equivocado?, a los líderes de los condominios capitalinos no se les
tacha atrasados “colectivistas”, o como ahora de “terroristas” ni se les
instruyen ordenes de captura, y si uno de ellos es asesinado presumo que se
instruyen las investigaciones del caso, ¿que no es acaso un principio liberal la
igualdad ante la ley?
No es mi intención culpar de estos dramas a la inversión extranjera.
Teorías conspirativas del otro bando como las hipótesis que sostienen que la
hidroeléctrica no es tal cosa, sino una minera encubierta, tampoco me parece
serio abrazarlas a priori sin tener evidencia en mano. Simplemente estoy haciendo
un llamado a analizar el caso de forma objetiva. Cualquier proyecto sea minero,
hidroeléctrico o incluso estadio de fútbol, si afecta la futura subsistencia o
forma de vida de una comunidad va a desatar la oposición de dicha comunidad si
las externalidades no se manejan y canalizan apropiadamente.
Las comunidades han aprendido desde hace mucho tiempo a
sospechar (con toda la razón) de un progreso, que tienen que financiar con su
trabajo, sufrimiento y ruptura de formas tradicionales de vida y que luego
nunca llega. Es una responsabilidad de la política de desarrollo del Estado, educar al
inversionista y servir de interlocutor entre este y la comunidad, como bien lo
dice Quique Godoy en su columna, (que es el único que creo yo da en el clavo),
el Estado lleva décadas de estar ausente en las aldeas de Barillas,
infraestructura no hay, no hay caminos, no hay escuelas, no hay centro de
salud, solo soldados, policías y fiscales (link abajo artículo de plaza
pública) que llegan para proteger al inversionista (aclaro de nuevo que no
tengo nada en contra del mismo) y para arrestar a líderes comunitarios y no
para investigar la muerte del líder comunitario asesinado.
Es cómico darse cuenta que es precisamente esta la versión del Estado que
propone el modelo neoliberal sin servicios sociales básicos, solamente medios
represivos para proteger la propiedad y libertad, de los propietarios claro
esta. Milton Friedman dijo una vez que el Chile del dictador Pinochet, era más
libre que el Chile democrático de Allende, este concepto de libertad me parece
lejos de ser el ideal. Como lo dice el gran economista coreano Chang Hajoon, “Si
el rol del Estado se limita únicamente a funciones de policía entonces las
externalidades creadas por el mercado no se equilibran, dando como resultado situaciones
como las del África subsahariana y no Suecia, Noruega, Finlandia, Taiwán o
Corea”, es hora de pensar de forma estratégica nuestras políticas de
desarrollo.
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